Hacia la implementación de la Firma Electrónica en El Salvador
La firma electrónica es una herramienta muy valiosa para alcanzar la digitalización e ingresar a la era de la transformación digital a nivel mundial. Al lograr implementarla a nivel general, es decir, tanto en las instituciones públicas como en el sector productivo, la competitividad del país se verá potenciada.
Para algunas personas el tema de firma electrónica puede parecerles nuevo, ambiguo o hasta un poco complejo; pero en realidad se viene trabajando en su implementación hace ya más de una década. Y es que se tarda años en desarrollar una Infraestructura de Clave Pública de Firma Electrónica o PKI por sus siglas en inglés (Public Key Infraestructure), la cual es un conjunto de elementos como políticas, hardware, software, personal capacitado y procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados electrónicos y en especial administrar todo el protocolo de seguridad de clave pública.
El propósito de una PKI es facilitar la transferencia electrónica segura de información para diversas actividades de la red, como el comercio electrónico, banca por internet, trámites ágiles, automatización de procesos, entre otros. Dentro de la PKI se encuentra la Autoridad Certificadora Raíz, que es el origen de la cadena de confianza y a través de esta se habilita tecnológicamente la operación de los Proveedores de Servicios de Certificación.
Desde finales de los años noventa se viene gesticulando el desarrollar la normativa de la Firma Electrónica en el país. Es hasta en el 2012 que se ingresa la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa, siendo aprobada tres años después, en octubre del 2015 y entra en vigor en abril de 2016 contando El Salvador a partir de entonces, con el respaldo legal para el uso de herramientas tecnológicas, como lo es la Firma Electrónica.
Entre los años 2018 y 2019 se gestiona financiamiento con el Banco Mundial y la República de China (Taiwán) así como la implementación del convenio de Cooperación FOMILENIO II, con lo que se efectuaron diferentes consultorías para implementar la Autoridad Certificadora Raíz y la implementación de casos de uso en entidad como el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva y Centro Nacional de Registros y fortalecer la creación de la Unidad de Firma Electrónica.
Sin embargo, a pesar de estar en lo más fuerte de la pandemia, el 2020 fue un año en que se presentaron avances significativos, ya que se logró finalizar la construcción de los Centros de Datos, se diseñó la Norma Técnica para las entidades que prestarán el servicio de Firma Electrónica, el cual fue promovida a través de una consulta pública en conjunto con OASARTEC, en la que se involucraron entidades de gobierno y diferentes actores del sector empresarial productivo del país. En septiembre del mismo año, se lleva a cabo la implementación técnica de la Autoridad de Certificación Raíz y es a partir de este momento en que se marca el rumbo en El Salvador para que todas las empresas interesadas en acreditarse en los diferentes Servicios de Certificación puedan iniciar su proceso de acreditación a través de la Unidad de Firma Electrónica y puedan iniciar operaciones.
Lic.Carlos Avilés
Administrador de Relaciones Estratégicas de la Unidad de Firma Electrónica
Actualmente, El Salvador cuenta con dos Proveedores de Servicios de Certificación acreditados por la Unidad de Firma Electrónica, en marzo de 2021 se acreditó a UANATACA El Salvador y a inicios del 2022 a PBS El Salvador, que mediante la sana competencia brindan opciones al mercado salvadoreño.
Estas empresas acreditadas pasaron previamente una evaluación y auditoría informática de parte de la Unidad de Firma Electrónica, para verificar que cumplieran con la Ley y su Reglamento y toda la normativa técnica vigente para brindar un adecuado servicio.
Desde el instante en el cual se acreditó al primer proveedor, los salvadoreños, tanto personas naturales como jurídicas, ya tienen acceso al uso de la Firma Electrónica Certificada, para poder gozar de mayor confianza y seguridad jurídica en los trámites y procesos del día a día.
